El 3 de abril de 2025 ha entrado en vigor esta Ley que introduce importantes novedades en nuestro modelo judicial.

La Ley 1/2025 de medidas de eficiencia del servicio público de justicia, supone un importante cambio, especialmente en lo que respecta a la organización de los juzgados y también en la manera de acceder a los mismos. Además, a través de esta norma, el Legislador modifica otras cuestiones relevantes.

A continuación, analizamos algunos de los principales cambios:

 

Creación de Tribunales de Instancia

Todos los Juzgados de cada partido judicial quedarán integrados dentro de un órgano colegiado, denominado tribunal de instancia.  Estos tribunales se crearán de forma escalonada a lo largo del año 2025. Su principal objetivo es simplificar el acceso a la Justicia , reducir los plazos de tramitación y agilizar la resolución de los procedimientos.

 

Introducción de Mecanismos Adecuados de Solución de Conflictos (MASC)

Con carácter previo a la interposición de una demanda, las partes deberán acreditar ante el Juzgado que han intentado llegar a un acuerdo a través de vías alternativas como la mediación, la conciliación etc.

Existen excepciones a este requisito previo a la interposición de una demanda y no será preciso en ciertos procedimientos, como, por ejemplo:

  • Filiación, paternidad y maternidad
  • Adopción de medidas de apoyo a la discapacidad
  • Juicio Cambiario
  • Juicio Ejecutivo
  • Medidas cautelares previas a la demanda
  • Juicios en materia laboral
  • Concursos
  • Procedimientos penales

 

Celebración de juicios rápidos en delitos de Usurpación y Allanamiento de morada.

La reforma también introduce un cambio significativo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma que se implementarán juicios rápidos para desalojar a los ocupas.

Este procedimiento más rápido, no será aplicable a los denominados “inquiokupas” es decir, inquilinos que dejan de pagar la renta y se niegan a abandonar la vivienda.

 

Fin de la “Golden Visa”

La ley elimina la denominada “Golden Visa”, que fue una medida creada en 2013 para atraer la inversión extranjera. Así, ya no es posible la obtención de permisos de residencia en contraprestación a una inversión.

En definitiva, la Ley de eficiencia de la justicia, representa un paso fundamental hacia la modernización y agilización de nuestro sistema judicial. Nos hallamos ante una reforma que redefine el acceso y la resolución de conflictos en España, alineándose con los avances tecnológicos y sociales del siglo XXI.